La aplicación en España de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios) es una oportunidad para reducir y eliminar trabas injustificadas o desproporcionadas al acceso y ejercicio de las actividades económicas. La Directiva de Servicios produce una mejora del marco de regulación del que se derivan ganancias de eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para las empresas y ciudadanos.
El ejercicio de transposición de la Directiva ha supuesto un reto importante para España, al exigir no sólo un sustancial esfuerzo de revisión de nuestro modelo de intervención económica, sino también de cooperación entre todas las Administraciones Públicas, así como con los colegios profesionales (Informe sobre la Transposición de la Directiva de Servicios en España).
Para aprovechar el impulso de la aplicación de la Directiva de Servicios, en julio de 2010 se puso en funcionamiento el Comité para la mejora de la regulación, al objeto de seguir avanzando en la mejora de la regulación económica más allá de la Directiva, a través de una estrecha colaboración entre las Comunidades Autónomas y las Entidades locales.
