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El Gobierno aprueba medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y estudia la reforma de la entidades locales

Intervención del ministro Cristóbal Montoro

13-07-2012.- El Gobierno ha aprobado medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que recogen la racionalización y reducción del gasto en el empleo público y aumentan los ingresos tributarios. Asimismo, se inicia el camino de la reforma de la Administración Local, que clarificará sus competencias y reducirá los representantes locales y el gasto.

  • VÍDEO. Intervención del ministro Cristóbal Montoro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros
  • VÍDEO. Imágenes hoy del Gobierno, primero en La Zarzuela y después en La Moncloa
  • IMÁGENES. Rueda de prensa del Consejo de Ministros
  • NOTA DE PRENSAAbre nueva ventana. Real Decreto medidas tributarias para la reducción del déficit público
  • NOTA DE PRENSAAbre nueva ventana. Medidas para la racionalización y reducción del gasto en el empleo público
  • NOTA DE PRENSAAbre nueva ventana. Informe sobre el anteproyecto de Ley de reforma de la Administración Local
  • NOTA DE PRENSAAbre nueva ventana. No disponibilidad de créditos entre los ministerios de 600 millones de euros
  • NOTA DE PRENSAAbre nueva ventana. Recurso de inconstitucionalidad contra normativa farmácéutica de Andalucía
  • NOTA DE PRENSAAbre nueva ventana. Conflicto de competencias al Gobierno Vasco sobre prestaciones sanitarias 
  • NOTA DE PRENSAAbre nueva ventana. Autorizaciones de deuda a Cantabria y al Cabildo Insular de Gran Canaria
  • NOTA DE PRENSAAbre nueva ventana. Representantes de la AGE en comisiones mixtas con varias CCAA

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ha aprobado un paquete de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Entre las medidas, destacan la racionalización y reducción del gasto en el empleo público:

  • Asignación eficiente de efectivos y movilidad
  • Supresión de días adicionales de libre disposición y días adicionales de vacaciones por antigüedad.
  • Supresión de tres de los seis días de libre disposición ordinarios.
  • Modificación del régimen retributivo del personal al servicio de las Administraciones Públicas durante la situación de incapacidad temporal.
  • Reducción de créditos y permisos sindicales.
  • Determinación de las unidades electorales.
  • Unificación de las Unidades Electorales en el exterior.
  • Supresión de la paga extraordinaria de diciembre.
  • Incompatibilidad de las cesantías con cualquier retribución pública o privada.

En cuanto a los ingresos tributarios para garantizar el cumplimiento del déficit público, destacan los siguientes:

  • El IVA general pasa del 18 por 100 al 21 por 100, y el gravamen reducido, del 8 por 100 al 10 por 100. Se mantiene el tipo superreducido del 4 por 100. Algunos bienes y servicios se reclasifican y pasan al nuevo tipo general. Los cambios en el impuesto estarán vigentes desde septiembre.
  • En el impuesto de sociedades se eleva el pago fraccionado para grandes empresas, se amplía la limitación de deducción por gastos financieros.
  • En el IRPF, se suprime la deducción por compra de vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2013 para nuevas adquisiciones.
  • Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por 100 al 21 por 100 hasta el 31 de diciembre de 2013.

En cuanto a la reforma de las administraciones locales, el Gobierno ha visto dos informes, uno sobre el anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y otro sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la ley de Régimen Electoral General.

El Gobierno contempla, con las reformas de la Administración Local, los siguientes objetivos:

  • Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades y eliminar las "competencias impropias", lo que supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros.
  • Se suprimen las 3.725 entidades locales menores existentes.
  • Se eliminarán las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada y sus competencias pasarán a ser ejercidas por las Diputaciones provinciales, que se refuerzan.
  • Se fortalece la figura del interventor municipal, que dependerá funcionalmente de la Administración General del Estado, para dotarle de mayor independencia y objetividad, así como garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario.
  • Ningún alcalde ni presidente de Diputación podrá cobrar más que un ministro (68.981,88 euros) ni las retribuciones de la Corporación Municipal podrán suponer más del 0,6 por 100 del total de gastos del Presupuesto municipal.
  • En las próximas elecciones municipales se eliminarán 21.338 concejales y los municipios no podrán tener más de 35 concejales.

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